El Departamento de Justicia de EEUU anunció este jueves cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras del régimen chavista, y ofreció una recompensa de USD 15 millones con informaciones que permitan el arresto y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.
El fiscal general, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Maduro. Por ello, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”.
Barr añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales. “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años.
El alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”, sostuvo Geoffrey Berman, fiscal federal del distrito sur de Nueva York. Además, sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal. “Este es solo el comienzo de nuestro esfuerzo para sacar de raiz la corrupción en Venezuela”, sostuvo por su parte Ariana Fajardo, fiscal federal para el sur de Florida. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, agregó.
El cuadro mostrado por el Departamento de Justicia en la conferencia de prensa muestra una recompensa de USD 15 millones por informaciones que lleven al arresto de Nicolás Maduro.
El Departamento también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); Clíver Alcalá, General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela; y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional.
“Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, acusaron en un comunicado.
Entre otros funcionarios y dirigentes, también se implicó a Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal, y Samark López Bello, un empresario con una serie crímenes vinculados al lavado de dinero en favor de Maduro y El Aissami.
El fiscal general, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Maduro. Por ello, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”.
Barr añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales. “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años.
El alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”, sostuvo Geoffrey Berman, fiscal federal del distrito sur de Nueva York. Además, sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal. “Este es solo el comienzo de nuestro esfuerzo para sacar de raiz la corrupción en Venezuela”, sostuvo por su parte Ariana Fajardo, fiscal federal para el sur de Florida. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, agregó.
El cuadro mostrado por el Departamento de Justicia en la conferencia de prensa muestra una recompensa de USD 15 millones por informaciones que lleven al arresto de Nicolás Maduro.
El Departamento también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); Clíver Alcalá, General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela; y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional.
“Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, acusaron en un comunicado.
Entre otros funcionarios y dirigentes, también se implicó a Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal, y Samark López Bello, un empresario con una serie crímenes vinculados al lavado de dinero en favor de Maduro y El Aissami.
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